¿Con modificación de la ley 5994 se privatizará el servicio de agua potable en el país?

Gobierno dice normativa no se está adecuando para beneficiar a Arnaud Ley contempla prisión y multas similares al fraude eléctrico.
agua_14675076_20200830155511

El Gobierno justificó este sábado la modificación de la Ley 5994, del 1 de diciembre de 1962, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y afirmó que la misma no se hizo para permitir la designación del abogado Wellington Arnaud como director general de la entidad, sino, con el propósito de facilitar un conjunto de alianzas con el sector privado para el desarrollo de acueductos en todo el país.

De esta justificación surge la inquietud de que, si el Gobierno entonces, privatizará el servicio de agua potable en el país, considerado como un servicio de primera necesidad y el acceso a la misma como un derecho de la ciudadanía.

Según la justificación gubernamental, los proyectos que se ejecutarán mediante alianzas público privadas requieren de la formación legal, la capacidad gerencial y política de Arnaud. El primero de los proyectos iniciará en Punta Cana-Bávaro y será anunciado en los próximos días dijo el Gobierno.

Ya el país tiene experiencia en las alianzas público privadas para el desarrollo de obras importantes en sectores sensibles, aunque los resultados para la población no han llenado del todo las expectativas

Cabe mencionar que estos acuerdos se han dado, incluso antes de la aprobación de la ley 47-20, de Alianzas Público-Privadas de febrero pasado, promulgada por el presidente entonces Danilo Medina.

Entre las modificaciones que traería la ley de Inapa está novedad de que quienes cometan fraude contra la institución serán sancionados con prisión de 3 a 5 días o multa de uno a 10 salarios mínimos del sector público o ambas penas a la vez.

Además, el Inapa quedará facultado para establecer las sanciones administrativas siguientes: a) Multa de uno a 10 salarios mínimos del sector público de acuerdo a la magnitud de los daños causados. b) Desmantelamiento de la conexión ilegal o fraudulenta hecha por el infractor. c) Incautación de los materiales utilizados en la conexión ilegal o fraudulenta.

De ser finalmente promulgadas estas modificaciones, el sector agua se asemejará a otros sectores, como el eléctrico, que incluso tiene una Procuraduría Especializada que persigue los fraudes eléctricos (Pgase).

Beltran Nicolas Ortiz Rivera

Director Periodico

Te puede interesar