Nueva vez intentan prohibir por ley uso de celulares en cárceles dominicanas

ULTIMAS NOTICIAS 21 de septiembre de 2020 Por Beltran Nicolas Ortiz Rivera
Diputados conocerá proyecto de ley en la agenda de este martes 22
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En medio de las transformaciones carcelarias que se está registrando en la República Dominicana, nueva vez se intenta establecer por ley la prohibición del uso de celulares y el bloqueo de las señales móviles en los recintos penitenciarios.

La iniciativa busca que la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Prisiones y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones coordinen acciones para garantizar que las cárceles y centros de corrección cuenten con los equipos e infraestructuras que eviten las llamadas telefónicas y la transferencia de datos o imágenes.

Además, se busca que se disponga la instalación de cabinas telefónicas en los recintos, para que los reclusos puedan comunicarse con sus familiares, estableciendo previamente los días, hora y el tiempo.

Las medidas están contempladas en el proyecto de ley que: “Prohíbe el uso de celulares y establece el bloqueo de señales de celulares en los centros penitenciarios de la República Dominicana”, reintroducido por su proponente, el legislador peledeísta Juan Julio Campos Ventura y colocado en la agenda a conocerse este martes 22 en la Cámara de Diputados.

El proyecto se había ventilado en el 2017, cuando fue aprobado en dos lecturas en febrero de ese año.

El congresista justifica la propuesta como una medida para combatir delitos, crímenes, tráfico de drogas y otras violaciones a las leyes, que frecuentemente se realizan mediante el uso de teléfonos celulares desde las cárceles del país.

“Que en el pasado reciente desde diferentes cárceles del país se han planificado la comisión de extorsiones, amenazas, secuestros, fugas, motines, delitos, asesinatos y diversos tipos de crímenes, hechos que se han realizados mediante la comunicación y el uso de teléfonos celulares”, refiere la iniciativa en uno de sus considerandos.

Dice también que parte del microtráfico y narcotráfico de sustancias prohibidas involucra a ciudadanos que están recluidos en los diferentes penales, lo que califica como un atentado contra la seguridad del Estado y contra la paz y la seguridad de los ciudadanos.

De las sanciones

De ser aprobado el proyecto de ley, las violaciones a sus disposiciones contemplarían penas de tres a cinco años de prisión y una sanción pecuniaria no menor de cinco ni mayor a 10 veces del salario mínimo.

“Las infracciones a esta ley cometidas por los servidores públicos, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal u otras a que diere lugar serán sancionados con multas. Su cuantía no será inferior al diez por ciento, ni mayor a diez veces el salario mensual, percibido por el responsable”, refiere la propuesta.

Beltran Nicolas Ortiz Rivera

Director Periodico

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