SANTIAGO.-El Ministerio Público investiga un intento de fuga de los implicados en la red del cibercrimen arrestados con la Operación Discovery por formar parte de una poderosa estructura que, utilizando la persecución, el terror y la presión psicológica, estafaba a ciudadanos de Estados Unidos mediante la extorsión, la sextorsión y el chantaje.

“El Ministerio Público continuó en la presentación de la medida de coerción, haciendo una relación fáctica a cada imputado de manera particular; por eso el Ministerio Público está tomándose el tiempo para presentar (los presupuestos), porque son múltiples y contundentes las pruebas que hay en relación a cada imputado de esta organización criminal”, dijo la procuradora de corte Sourelly Jáquez a los periodistas que abordaron a los fiscales al salir de audiencia.

Sourelly Jáquez dijo que el Ministerio Público recibió la información de que había un plan de fuga por parte de los imputados, razón por la cual “se tomaron las medidas preventivas de lugar”.

Explicó que los Agentes de Tratamiento y Vigilancia Penitenciaria (VTP) realizaron un operativo e hicieron una requisa en las celdas de los imputados.

“Se encontraron algunos objetos que tienen que ver con lo que se presumía que era la intención (de fuga) de los imputados”, añadió.

Indicó que el Ministerio Público está a la espera de una certificación de la Policía Científica, ya que las armas ocupadas a tres de los imputados dieron positivas en las pruebas balísticas respecto a intentos de homicidio e incluso a un asesinato.

Sourelly Jáquez recordó que la seguridad en todo el Palacio de Justicia de Santiago se reforzó para garantizar la integridad de todos los miembros del sistema de justicia. “Lo que se ha hecho es reforzar la seguridad por el bien de todo el sistema de justicia, incluyendo de los propios periodistas, y de todas las personas que están en el lugar por la violencia característica de esta organización criminal”, indicó.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para los 39 imputados arrestado en la Operación Discovery, así como la declaración del caso de tramitación compleja.

Basado en el cúmulo de evidencias recogidas en el curso de la investigación, el órgano rector de la acusación les imputa a los encartados los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.

Además, se les imputan los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4; el 4 en sus numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos. La acusación sostiene que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, así como el 405 del citado código que instruye sancionar la estafa, en perjuicio del Estado dominicano y las víctimas de los Estados Unidos.