Los integrantes del Consejo de Defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Francisco Franco, manifestaron este miércoles ante la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la solicitud de prórroga del Ministerio Público, para presuntamente terminar la investigación del caso Medusa, es una farsa basada en mentiras, por argumentar que desde hace meses que tienen un expediente “blindado” y que hay que investigar mucho.

Los abogados expresaron que el Ministerio Público ocultó la orden de auditoría de la Cámara de Cuentas, ya que tenían la misma, desde el 1 de junio del 2021 y no es hasta el 22 de diciembre, casi siete meses después, que la procesan, resultando evidente el ocultamiento y obstaculización de documentos para justificar una prisión ilegal.

Por su parte, el Ministerio Público, representado por Wilson Camacho, procurador adjunto, argumentó que la solicitud de prórroga de cuatro meses más para seguir investigando se fundamenta en las dieciocho líneas de investigación y en más de cien testigos pendientes de interrogar, los cuales han informado que han sido intimidados y llamados desde la cárcel para que no ofrezcan información.

Los abogados de Jean Alain, cuya revisión obligatoria del caso sigue recesada, afirmaron que el suministro de alimentos es una nueva línea de investigación, pero en la medida de coerción, página 120 numeral 37, ya existe evidencia aportada por el propio Ministerio Público de un interrogatorio realizado a Rainiery Medina Sánchez al respecto e incluido dentro de la petición para el encarcelamiento del exprocurador.

De igual manera, resaltaron que, en marzo del 2021, tres meses antes del apresamiento, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) había solicitado información a la Junta Central Electoral (JCE) y la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y, posteriormente en agosto a la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, en búsqueda de información relacionada, lo que, a su juicio, evidencia que no es una nueva línea de investigación.

"Tienen un año y medio investigando que incluye ocho meses formales que ya han vencido, nos niegan y ocultan todos los documentos y pruebas que pedimos, para ahora solicitar al tribunal una prórroga de cuatro meses, porque el expediente blindado ya no está tan blindado"