Adriana Peguero
Santo Domingo, RD
Las autoridades dan los toques finales a un pro­yecto que busca solucio­nar los inconvenientes que genera la retención de ve­hículos en El Canódro­mo El Coco, en la capital, que está bajo el control de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Di­gesett).

Ayer tuvieron un encuen­tro el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, y el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

Tras el encuentro se expli­có a los medios de comuni­cación que una comisión de instituciones del Estado y el Defensor del Pueblo avan­zan el proyecto.

Es el segundo encuentro en­tre las autoridades y el De­fensor del Pueblo, luego de que se solicitara realizar las investigaciones sobre el ma­nejo y las retenciones irre­gulares de vehículos en el Canódromo.

Entre los acuerdos prelimi­nares, el Ministerio de In­terior y Policía, el Defensor del Pueblo, Impuestos In­ternos, Contraloría General de la República, la Digesett y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Te­rrestre, acordaron exami­nar los estatus jurídicos de todos los vehículos, para entregárselos a las personas que muestren la documen­tación que exige la ley.

En la próxima reunión, los órganos administrativos designarán los grupos de trabajo para cada centro de retención, con el objetivo de apoyar a la Contraloría General de la República en el levantamiento general de esas unidades y su con­dición.

El encuentro contó con la participación del minis­tro del MIP, Jesús Vásquez Martínez, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa; el di­rector de la DGII, Luis Val­dez Veras; el director de la Digesett, Ramón Antonio Guzmán Peralta, el contra­lor general de la República, Catalino Correa Hiciano, el director de la Policía Nacio­nal, mayor general Eduar­do Alberto Then y el direc­tor ejecutivo Intrant, Rafael Arias.

DETALLES
La agresión
Estas accione surgen a raíz de que agentes de la Digesett agredieron el pasado día 11 al defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y a periodistas y reporteros gráficos de LISTIN DIARIO y CDN.

La agresión se produjo cuando el defensor del Pueblo, acompañado por la prensa, trató de realizar una inspección en el depósito de vehículos conocido como El Canódromo El Coco.